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La Organización de cooperación y de desarrollo económicos (OCDE) ofrece algunas respuestas a esta pregunta en su último informe, Perspectivas del empleo de la OCDE 2024:  la transición hacia la neutralidad de carbono y el mercado laboral. Según la institución, es probable que la transición climática provoque importantes alteraciones a largo plazo en términos de empleo. Andrea Bassanini Senior Economist en la OCDE y editor en jefe del informe, nos lo explica. 

¿Qué sectores se verán más afectados por la transición hacia la neutralidad de carbono?  

Andrea Bassanini. Si nos centramos en el objetivo de cero emisiones netas para 2050, son varios los sectores con mayores emisiones de gases de efecto invernadero que aún están muy lejos de alcanzarlo, empezando por la agricultura, y en particular la ganadería.  

Las actividades que dependen en gran medida de la producción y el consumo de energías fósiles también están, obviamente, en primera línea. En concreto, la industria pesada (metalurgia, química, papel…) es la más afectada. En el caso de este sector, si se mantienen las políticas climáticas planificadas, todos los modelos prevén una reducción media del empleo del 14% de aquí a 2030. 

Pero lo cierto es que las alternativas y soluciones “verdes” para abastecer de energía la industria pesada ―como la reasignación de conductos (gaseoductos, oleoductos) para transportar energía verde como el hidrógeno, por ejemplo, o el desarrollo de SMR (minireactores nucleares)―  no son viables a medio plazo, además de ser difíciles de implementar según la ubicación de las plantas de producción.  

¿Qué otros sectores están en el punto de mira?  

A.B. El transporte también se ve afectado. Si se cumple el objetivo de cero emisiones netas de aquí a 2050, los sectores aéreo y marítimo corren el riesgo de experimentar importantes tensiones en términos de empleo, ya que las soluciones que les pueden ayudar a dar el salto tecnológico necesario para alcanzar la neutralidad en carbono siguen manteniéndose en un plano hipotético.  

En cuanto a la industria automovilística, la electrificación del parque presagia una reducción de la mano de obra, ya que el proceso de producción de un motor eléctrico requiere menos tareas que el de un motor de combustión.  

En cambio, en el caso de otras actividades que también generan gran cantidad de emisiones, como la construcción o el reciclaje, es muy posible que la mano de obra no disminuya, puesto que las necesidades en infraestructuras y en valorización de residuos no harán sino aumentar.  

¿Cuál es actualmente la proporción de trabadores empleados en los sectores que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero?  

A.B. Los sectores con un mayor impacto ―industria pesada, construcción, transporte, industria extractiva y agricultura―, responsables del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tan solo representan el 7% de puestos de trabajo.  

El impacto social puede parecer mínimo, pero el problema es que este impacto se concentra en unos pocos sectores y en tan solo unas cuantas regiones, como Silesia, en Polonia, o las antiguas zonas industriales de Estados Unidos. De hecho, el coste de esta contracción del empleo es muy elevado. Cuando todo un sector se desmorona, es muy difícil redirigir todos los puestos de trabajo afectados a otras actividades. Además, tras ser despedidos, los trabajadores de estos sectores, a menudo muy sindicalizados y bastante bien pagados, deben conformarse con ingresos más bajos por empleos con el mismo nivel de cualificación.  

Por otro lado, las profesiones impulsadas por la transición ecológica, que representan el 20% del total de puestos de trabajo, como las de ingeniero especializado en energías renovables o experto en logística o en restauración forestal, así como las profesiones relacionadas con la construcción y la gestión de la distribución de energía, solo verán una pequeña parte del impacto positivo de esta transformación ecológica, ya que los efectos en el empleo quedarán diluidos en un número mucho mayor de sectores y profesiones.  

 Las profesiones impulsadas por la transición ecológica representan en 20% del total de puestos de trabajo. 

¿Cómo pueden las políticas de transición y reconversión profesionales mitigar el impacto en los empleados de los sectores más afectados por la transición ecológica?  

A.B. El papel de estas políticas es esencial. En el caso de los trabajadores cualificados, es importante ayudarles a identificar las profesiones en las que pueden seguir desarrollando su carrera. Pero todavía son pocos los actores ―públicos y privados― que están anticipando los efectos de las políticas implementadas para alcanzar la neutralidad de carbono y preparando la reconversión de las plantillas.  

En cuanto a los trabajadores no cualificados, la tarea es aún mayor, ya que hay que poder ofrecerles programas específicos de formación. Además, en la mayoría de países la formación es competencia del Ministerio de Trabajo, mientras que el encargado de gestionar la política de transición ecológica es el Ministerio de Medio Ambiente. Y la coordinación entre ambos es insuficiente.  

¿Qué papel deberían desempeñar los poderes públicos en la reconversión profesional?  

A.B. Debería ser un papel más incentivador. Podríamos pensar en sistemas de ayudas financieras para compensar la pérdida de ingresos tras una reconversión vinculada a la transición ecológica, algo como lo que hizo Estados Unidos con la RTAA (Reemployment Trade Adjustment Assistance), creada en 1962 y relanzada en 2009 para paliar los efectos de la globalización.  

La experiencia americana puso de manifiesto que el coste de estos dispositivos se vio rápidamente compensado por la reducción de las prestaciones de desempleo, la disminución de las inversiones en ayudas sociales y el aumento de los ingresos fiscales. Por supuesto, este tipo de ayudas deben limitarse en el tiempo, y después son las empresas las que deben tomar el relevo aumentado los salarios de sus nuevos empleados.  

¿Considera que los países están lo suficientemente preparados para este cambio en el mercado laboral?  

A.B. Todos los países disponen de medios para dar respuesta a este cambio. Conocen las políticas adoptadas por los poderes públicos y, por tanto, las medidas que deben tomar para alcanzar los objetivos fijados por estas políticas. Pero ello requiere grandes inversiones. Y lo que se decida hoy no tendrá efecto hasta dentro de diez o quince años. Esto es mucho tiempo en términos de agenda política, pero el coste de la inacción climática es enorme y puede acabar siendo insoportable. En el plano puramente económico y financiero, sería mucho más rentable recurrir a préstamos, por ejemplo, para financiar este esfuerzo de transformación ecológica. 

15/03/2025